Según un artículo publicado hace pocos meses en la edición digital de Ámbito, "Venezuela y Argentina lideran ranking mundial de miseria en abril 2019". La misma fuente agrega que "la revista Forbes publicó días atrás el indicador elaborado por el economista y profesor Steve Hanke que muestra el deterioro de 2018".
Algunos comentarios de ese texto no resisten el menor análisis. Por ejemplo, cuando se omite toda referencia a las ya conocidas declaraciones de Elliot Abrams y Mike Pompeo: ellos admiten que la "crisis" de Venezuela es resultado de los sostenidos esfuerzos de EE.UU por cerrar todos los caminos de convivencia pacífica y desarrollo económico social.
Pero conviene establecer, dejando de lado eso, algunas diferencias profundas entre la situación de Argentina y la de Venezuela.
Las diferencias más profundas surgen de que a Venezuela le declararon la guerra hace rato, desde los EE.UU con base en Colombia. La minoría opositora que es violenta (porque la otra participó en las elecciones) ataca edificios gubernamentales con helicópteros, quema vivos a los chavistas, hace estallar bombas en hospitales con dispositivos pediátricos, se atenta contra la infraestructura eléctrica, los bancos rechazan las órdenes de compras de medicamentos y por si fuera poco la señora Bachelet saca la foto de un solo lado de esa guerra.
Guaidó, Capriles y Leopoldo López no durarían un minuto libres o vivos
en cualquier país del mundo: han cometido crímenes y/o han sido apólogos
de crímenes que los autoexcluiría en cualquier parte del mundo de las
vías pacíficas de la política.
En Argentina es muy diferente: hay auténticos presos políticos, blindaje mediático y poder judicial corrupto. Mientras tanto preparan el fraude electrónico de las próximas elecciones, después de que en 2015 Cambridge Analityca y FB les diera una buena mano con las fake news.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, sin más vueltas.
En el Uruguay, si Astori, Mieres o Martínez dicen lo contrario, o Talvi, Sanguinetti y el Partido Nacional sin excepciones, se tragan la versión de los medios pro estadounidenses, eso significa que son gente con una precariedad informativa indigna de sus responsabilidades. Pero a estas alturas ya no extraña.
La cuestión no es si "Venezuela es una dictadura". Ese es un planteo propio o bien de gente desnutrida informativamente, o bien de negacionistas perversos de la guerra en varios niveles que se infringe a esa nación latinoamericana.
Una pregunta más interesante sería si los EE.UU incurren o no en una política exterior temeraria.
O bien, si los malos criollos que colaboran, como los actuales gobiernos que integran el Grupo de Lima son o no cipayos un poco obvios.
Pero la más inquietante podría ser esta: ¿los medios masivos y sus repetidores en las redes no constituyen el gran laboratorio de una dictadura mundial?
Para responder esas y otras inquietudes compartimos la desmentida del Informe de Bachelet por parte de un familiar del ex presidente Salvador Allende y de Pasqualina Curcio.
Y no es cosa de radicales o conspiracionistas afirmar que la dictadura no es la de Venezuela sino algo que tejen los medios tradicionales y las redes sociales como Facebook o empresas como Cambridge Analytica.
Cualquier persona centrada y sensata que lea, mire un poco y piense, podrá considerarlo seriamente si presta atención a documentales como Nada es privado de Karim Amer y Jehane Noujaim.
Por eso incluimos un breve comentario y un trailer de Nada es privado al fin de esta actualización de Filosofismas, junto a una imprescindible charla TED de una periodista de investigación brillante que participó en ese documental: Carole Cadwalladr.
CONSIGNE LAS PRUEBAS, SEÑORA BACHELET
Fuente: Red Angostura
CÓMO SE HACKEAN LAS DEMOCRACIAS
Dos simplificaciones recorren el mundo de la comunicación: la teoría de la aguja hipodérmica y la de que el ciudadano es adulto y elige con libertad cuando la oferta informativa es variada y de calidad.
La aguja hipodérmica es vieja y boba: la apropiación de un mismo mensaje es diferente según cada público. Nada es tan lineal.
En Argentina es muy diferente: hay auténticos presos políticos, blindaje mediático y poder judicial corrupto. Mientras tanto preparan el fraude electrónico de las próximas elecciones, después de que en 2015 Cambridge Analityca y FB les diera una buena mano con las fake news.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, sin más vueltas.
En el Uruguay, si Astori, Mieres o Martínez dicen lo contrario, o Talvi, Sanguinetti y el Partido Nacional sin excepciones, se tragan la versión de los medios pro estadounidenses, eso significa que son gente con una precariedad informativa indigna de sus responsabilidades. Pero a estas alturas ya no extraña.
La cuestión no es si "Venezuela es una dictadura". Ese es un planteo propio o bien de gente desnutrida informativamente, o bien de negacionistas perversos de la guerra en varios niveles que se infringe a esa nación latinoamericana.
Una pregunta más interesante sería si los EE.UU incurren o no en una política exterior temeraria.
O bien, si los malos criollos que colaboran, como los actuales gobiernos que integran el Grupo de Lima son o no cipayos un poco obvios.
Pero la más inquietante podría ser esta: ¿los medios masivos y sus repetidores en las redes no constituyen el gran laboratorio de una dictadura mundial?
Para responder esas y otras inquietudes compartimos la desmentida del Informe de Bachelet por parte de un familiar del ex presidente Salvador Allende y de Pasqualina Curcio.
Y no es cosa de radicales o conspiracionistas afirmar que la dictadura no es la de Venezuela sino algo que tejen los medios tradicionales y las redes sociales como Facebook o empresas como Cambridge Analytica.
Cualquier persona centrada y sensata que lea, mire un poco y piense, podrá considerarlo seriamente si presta atención a documentales como Nada es privado de Karim Amer y Jehane Noujaim.
Por eso incluimos un breve comentario y un trailer de Nada es privado al fin de esta actualización de Filosofismas, junto a una imprescindible charla TED de una periodista de investigación brillante que participó en ese documental: Carole Cadwalladr.
CONSIGNE LAS PRUEBAS, SEÑORA BACHELET
Pasqualina Curcio
Se ha convertido en práctica habitual la politización e
instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de
EEUU, para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto,
el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar
posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido
complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes
capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera
vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación.
Ha sido cómplice.
La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando la muerte de más de un millón de personas.
Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.
De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”[1]
Sin pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”[2]
Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?
Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente, que será nombrada por el Presidente del Consejo, encargado de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia.”[3]
Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una zona de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces presidente Gadafi.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera.
No ocuparemos estas líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada. Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también se ha escrito.
Tampoco nos centraremos en sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta Comisionada al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país y mientras la misma Naciones Unidas a través del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano alto.
No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención militar por parte de EEUU, o porque no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos.
Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de febrero de este año, o el intento de usurpación del cargo de Presidente de la República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno paralelo, o porque no se refirió al sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano. Quizás son eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el informe.
Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de que la Alta Comisionada no haya citado el informe del Dr. Alfred De Zayas, relator independiente de naciones Unidas para un orden democrático y equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017 presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo económico y social, ocurre en el país.
Nos detendremos si, en exigir a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera.
Concluye Bachelet que “…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.”
Le pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos razonables” que la llevan a “creer” que se violan los derechos económico y sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica que se está discriminando por razones políticas la entrega de la Caja de alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del gobierno ¿quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la caja son chavistas?
¿O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas carnetizadas en la Plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el 100% de adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema también comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de familias que reciben el bono “hogares de la Patria” y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna[4]? Recordamos que en Venezuela somos 30 millones de personas.
Concluyó también en su informe que “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.”
¿Dónde están las pruebas de tan delicada acusación? Es importante que especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se han realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de todos los factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte del gobierno.
Es importante que explique por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país en el que según su propio informe las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787 manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y 9715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019”.
O es que la Alta Comisionada se refiere a las prácticas de los factores de la oposición que se han caracterizado por ser cada vez menos democráticos, por ejemplo el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, o el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado?
Si es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique en su informe.
Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.”
Muchas preguntas surgen al respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer “numerosas” violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios.
La Alta Comisionada afirma que las autoridades han atacado a determinadas personas, que son miles las que han sido matadas en enfrentamientos con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne la lista con los nombre de las miles de personas que han sido “matadas” por fuerzas estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel.
Pero además, nos surge la duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las responsabilidades.
Luce contradictorio, y por lo tanto irresponsable.
Afirma Bachelet que: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.
Consigne las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la violación del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es ésta y no la guerra económica, el ataque en más de 9 mil millones por ciento de la moneda desde 2013, el bloqueo financiero, y el sabotaje a los servicios públicos lo que explica su “deterioro”.
Dijo Bachelet que: “ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”. También dijo que: “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades.”
Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte es necesario que presente las pruebas de las 1557 personas que murieron en los hospitales por falta de insumos. Como médica debe saber que las muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero y embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y material médico quirúrgico, así como insumos para su producción.
Insiste la Alta Comisionada en afirmar que: “El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.”
Señora Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?
Por la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera conviene una actitud seria y responsable. Conviene decir la verdad.
En espera de la consignación de las pruebas.
Atentamente.
[1] https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10760&LangID=E
[2] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/27/PDF/G1111527.pdf?OpenElement
[3] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/27/PDF/G1111527.pdf?OpenElement
[4] http://vtv.gob.ve/dos-anos-primera-jornada-carnet-patria/
La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando la muerte de más de un millón de personas.
Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.
De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”[1]
Sin pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”[2]
Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?
Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente, que será nombrada por el Presidente del Consejo, encargado de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia.”[3]
Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una zona de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces presidente Gadafi.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera.
No ocuparemos estas líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada. Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también se ha escrito.
Tampoco nos centraremos en sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta Comisionada al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país y mientras la misma Naciones Unidas a través del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano alto.
No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención militar por parte de EEUU, o porque no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos.
Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de febrero de este año, o el intento de usurpación del cargo de Presidente de la República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno paralelo, o porque no se refirió al sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano. Quizás son eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el informe.
Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de que la Alta Comisionada no haya citado el informe del Dr. Alfred De Zayas, relator independiente de naciones Unidas para un orden democrático y equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017 presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo económico y social, ocurre en el país.
Nos detendremos si, en exigir a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera.
Concluye Bachelet que “…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.”
Le pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos razonables” que la llevan a “creer” que se violan los derechos económico y sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica que se está discriminando por razones políticas la entrega de la Caja de alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del gobierno ¿quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la caja son chavistas?
¿O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas carnetizadas en la Plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el 100% de adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema también comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de familias que reciben el bono “hogares de la Patria” y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna[4]? Recordamos que en Venezuela somos 30 millones de personas.
Concluyó también en su informe que “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.”
¿Dónde están las pruebas de tan delicada acusación? Es importante que especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se han realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de todos los factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte del gobierno.
Es importante que explique por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país en el que según su propio informe las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787 manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y 9715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019”.
O es que la Alta Comisionada se refiere a las prácticas de los factores de la oposición que se han caracterizado por ser cada vez menos democráticos, por ejemplo el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, o el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado?
Si es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique en su informe.
Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.”
Muchas preguntas surgen al respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer “numerosas” violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios.
La Alta Comisionada afirma que las autoridades han atacado a determinadas personas, que son miles las que han sido matadas en enfrentamientos con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne la lista con los nombre de las miles de personas que han sido “matadas” por fuerzas estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel.
Pero además, nos surge la duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las responsabilidades.
Luce contradictorio, y por lo tanto irresponsable.
Afirma Bachelet que: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.
Consigne las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la violación del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es ésta y no la guerra económica, el ataque en más de 9 mil millones por ciento de la moneda desde 2013, el bloqueo financiero, y el sabotaje a los servicios públicos lo que explica su “deterioro”.
Dijo Bachelet que: “ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”. También dijo que: “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades.”
Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte es necesario que presente las pruebas de las 1557 personas que murieron en los hospitales por falta de insumos. Como médica debe saber que las muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero y embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y material médico quirúrgico, así como insumos para su producción.
Insiste la Alta Comisionada en afirmar que: “El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.”
Señora Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?
Por la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera conviene una actitud seria y responsable. Conviene decir la verdad.
En espera de la consignación de las pruebas.
Atentamente.
[1] https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10760&LangID=E
[2] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/27/PDF/G1111527.pdf?OpenElement
[3] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/27/PDF/G1111527.pdf?OpenElement
[4] http://vtv.gob.ve/dos-anos-primera-jornada-carnet-patria/
Fuente: Red Angostura
CÓMO SE HACKEAN LAS DEMOCRACIAS
Dos simplificaciones recorren el mundo de la comunicación: la teoría de la aguja hipodérmica y la de que el ciudadano es adulto y elige con libertad cuando la oferta informativa es variada y de calidad.
La aguja hipodérmica es vieja y boba: la apropiación de un mismo mensaje es diferente según cada público. Nada es tan lineal.
Pero más bobalicona y peligrosa es la otra. No hay democracia, ni
elecciones libres, cuando usando datos privados se presiona sobre grupos
vulnerables del electorado con golpes bajos como los que documenta con
rigor Nada es privado, el film de Karim Amer y Jehane Noujaim.
La moraleja espanta por lo sencilla: no hay que presionar con agujas hipodérmicas sobre poblaciones enteras. Alcanza con identificar a los "persuadibles". En EE.UU 70.000 personas definieron las elecciones.
Un profesor reclama con recursos jurídicos que le devuelvan sus datos personales, una mujer que trabajó para Obama, Trump y el Brexit se da vuelta y le complica las cosas a FB y Cambridge Analityca, un nerd pelirrojo y despechado con esa empresa formula declaraciones comprometedoras, entre otros individuos de carne y hueso a los que apela el documental.
La brillante periodista de investigación Carole Cadwallard muestra cómo siguió el hilo de las maniobras globales más aberrantes contra las democracias, que provocaron un genocidio en Birmania, la llegada de otro psicópata a la Casa Blanca (apenas más bocón que los habituales) y entre muchos otros chiches, que Macri desplazara con malas artes a Scioli en el 2015.
Agradezco a mi amigo Gustavo Adolfo Carbonell la recomendación de esa joyita, que ya vi dos veces y después de este posteo, veré tres, para tomar nota de algunas cifras y nombres.
EL PAPEL DE FACEBOOK EN EL BREXIT Y LA AMENAZA A LA DEMOCRACIA
Carole Cadwalladr
Consigno aquí la presentación del portal TED:
"En una charla imprescindible, la periodista Carole Cadwalladr investiga uno de los eventos más desconcertantes de los últimos tiempos: la extraordinaria votación de 2016 para abandonar la Unión Europea. Rastreando los resultados de un aluvión de anuncios engañosos de FB dirigidos a votantes vulnerables del Brexit -y vincular a los mismos actores y tácticas de la elección presidencial de Estados Unidos de 2016- Cadwalladr desafía a "los dioses de Silicon Valley" por estar de parte del lado equivocado de la historia y pregunta: ¿las elecciones libres y justas son cosa del pasado?"
La moraleja espanta por lo sencilla: no hay que presionar con agujas hipodérmicas sobre poblaciones enteras. Alcanza con identificar a los "persuadibles". En EE.UU 70.000 personas definieron las elecciones.
Un profesor reclama con recursos jurídicos que le devuelvan sus datos personales, una mujer que trabajó para Obama, Trump y el Brexit se da vuelta y le complica las cosas a FB y Cambridge Analityca, un nerd pelirrojo y despechado con esa empresa formula declaraciones comprometedoras, entre otros individuos de carne y hueso a los que apela el documental.
La brillante periodista de investigación Carole Cadwallard muestra cómo siguió el hilo de las maniobras globales más aberrantes contra las democracias, que provocaron un genocidio en Birmania, la llegada de otro psicópata a la Casa Blanca (apenas más bocón que los habituales) y entre muchos otros chiches, que Macri desplazara con malas artes a Scioli en el 2015.
Agradezco a mi amigo Gustavo Adolfo Carbonell la recomendación de esa joyita, que ya vi dos veces y después de este posteo, veré tres, para tomar nota de algunas cifras y nombres.
EL PAPEL DE FACEBOOK EN EL BREXIT Y LA AMENAZA A LA DEMOCRACIA
Carole Cadwalladr
Consigno aquí la presentación del portal TED:
"En una charla imprescindible, la periodista Carole Cadwalladr investiga uno de los eventos más desconcertantes de los últimos tiempos: la extraordinaria votación de 2016 para abandonar la Unión Europea. Rastreando los resultados de un aluvión de anuncios engañosos de FB dirigidos a votantes vulnerables del Brexit -y vincular a los mismos actores y tácticas de la elección presidencial de Estados Unidos de 2016- Cadwalladr desafía a "los dioses de Silicon Valley" por estar de parte del lado equivocado de la historia y pregunta: ¿las elecciones libres y justas son cosa del pasado?"
